WASHINGTON.— Un equipo del presidente Donald Trump ha elaborado una lista confidencial de figuras públicas mexicanas con presuntos vínculos con el narcotráfico, entre las que se incluyen gobernadores en funciones, miembros del partido Morena y aliados cercanos al expresidente Andrés Manuel López Obrador, reveló ayer la organización periodística Pro Publica.
LA CASA BLANCA ALISTA SANCIONES CONTRA FUNCIONARIOS MEXICANOS
Según el reportaje firmado por el periodista Tim Golden, la iniciativa fue impulsada por un grupo encabezado por Stephen Miller, asesor en seguridad nacional de Trump, el cual solicitó información a agencias policiales y organismos de inteligencia estadounidenses sobre posibles nexos criminales entre políticos mexicanos y organizaciones del narcotráfico.
“La revisión de la corrupción relacionada con el narcotráfico en México fue iniciada por un pequeño equipo de la Casa Blanca que solicitó información a las agencias policiales y a la comunidad de inteligencia de EU sobre figuras políticas, gubernamentales y militares mexicanas con vínculos criminales”, señala el informe, citando a funcionarios que pidieron el anonimato por la sensibilidad del tema.
CASO EMBLEMÁTICO: CANCELAN VISA A GOBERNADORA DE BAJA CALIFORNIA
Entre los primeros efectos de esta estrategia, el reportaje menciona la reciente cancelación de la visa de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. Aunque no se precisan los motivos oficiales, fuentes estadounidenses sugieren que su inclusión en la lista está relacionada con presuntos señalamientos de colaboración o permisividad frente a redes delictivas.
Golden añade que la lista no se limita a un solo caso, sino que comprende a “líderes del partido gobernante de la Presidenta Claudia Sheinbaum, varios gobernadores y figuras políticas cercanas a su predecesor, el ex presidente López Obrador”.
POSIBLES REPERCUSIONES DIPLOMÁTICAS
Las personas incluidas en el listado podrían ser objeto de sanciones bajo legislaciones estadounidenses que permiten penalizar a individuos extranjeros por corrupción o vínculos con el crimen organizado, como la Ley Magnitsky Global. Las sanciones contemplan restricciones de viaje a Estados Unidos y el congelamiento de activos financieros bajo jurisdicción estadounidense.
Hasta ahora, ni el Gobierno mexicano ni la Casa Blanca han ofrecido comentarios oficiales al respecto. Sin embargo, el informe anticipa una tensión diplomática creciente, en medio de un contexto ya cargado por las propuestas de Trump de intervenir directamente en territorio mexicano contra los cárteles.
Este movimiento, de confirmarse, marcaría un giro en la estrategia estadounidense, que tradicionalmente ha optado por la cooperación bilateral en materia de seguridad, hacia una línea más unilateral y punitiva frente a actores políticos mexicanos.
