1. Cuando hay agua en abundancia no se le da más importancia, pero donde escasea se la considera un bien precioso y se genera entonces un conflicto entre dos conceptos: un recurso al servicio del desarrollo económico o un bien público, una necesidad básica para los seres vivos. Precisamente en esta disyuntiva de visiones, debe prevalecer la cultura hídrica, para promover cambios en la escala de valores, hacia un modelo de vida que reoriente las relaciones individuales y sociales con el agua.
2. Para la cultura hídrica, el agua de calidad es insustituible y su disponibilidad es limitada. Además, debe quedar claramente establecido que el líquido juega un rol fundamental en elementos prioritarios como la salud, la educación o la paz. Es por ello por lo que la escasez del agua representa vulnerabilidad en cuanto a seguridad individual y desarrollo social; y consecuentemente, cualquier desviación en la definición del agua como un bien público, implica origen de conflicto.
3. Entonces el planteamiento debe ser claro: para una sociedad en crisis hídrica, es fundamental el vivir bajo una correcta definición de cultura de agua, donde el manejo del agua simbolice cohesión comunitaria y se dé bajo una gobernanza con perspectiva en los derechos humanos y en los derechos de la naturaleza.
4. En este contexto, la gobernanza hídrica debe entenderse como los medios de organización que utiliza la sociedad para lograr un manejo equitativo y sostenible del agua; y, basados en los principios de Dublín de 1992, su aprovechamiento y gestión debe inspirarse en un diseño que incluya la participación de todos los sectores (población, agricultura para la seguridad alimentaria, industria, recreación, agricultura para el desarrollo económico, producción de energía y espiritualidad), y que incluya a todas las regiones (sobre todo cuando comparten una misma fuente subterránea o superficial).
5. Además, tomando en cuenta que el derecho humano al agua llama a priorizar el abasto a la población sobre otros usos, lo cual necesariamente implica negociación y razonamiento, la gobernanza debe ser enmarcada como una actividad cívica, entendiendo como civismo, a las capacidades de la sociedad para promover procedimientos que estimulen, reproduzcan y cultiven civilidad, en al menos tres dimensiones: i) Social, dónde se considere la igualdad de todos los ciudadanos, sin estigmas o privilegios; ii) Personal, dónde el comportamiento individual de todos los días se aleje de la pasividad y del egotismo, privilegiando el respeto y la tolerancia, direccionando la convivencia con las autonomías de los usuarios hacia el bien común, sin autoritarismos; y, iii) Político, dónde la democracia privilegie el respeto a la participación de la ciudadanía, en procesos deliberativos abiertos, objetivos y basados en el mejor conocimiento disponible.
6. La crisis hídrica debe representar siempre, una emergencia para la seguridad humana. Para enfrentar este escenario, es que llamamos al desarrollo de un nuevo concepto de civismo, un civismo hídrico, basado en el concepto de cultura de agua que definimos en párrafos anteriores y que puede ser puesto en operación a través de una gobernanza ciudadana, también ya definida.
7. Ante todo lo anterior, en la zona metropolitana de SLP debería prevalecer una cultura del agua centrada en el civismo hídrico. El líquido es de todos y todos tenemos derecho a opinar. En 20 años quienes ahora están ya no estarán.
