y aunque el Instituto Nacional Electoral ha manifestado que será “todo un éxito”, la escasa difusión que hasta ahora ha recibido hace maliciar un desinterés real de la autoridad, que de entrada ha anunciado que el número de casillas no será el que inicialmente correspondería, pues al parecer no recibió de la Secretaría de Hacienda los recursos suficientes para realizarla en la dimensión y alcance que inicialmente se había proyectado.
En efecto el clima de distanciamiento entre el Poder Ejecutivo Federal y el INE ha superado los límites de lo deseable para una relación entre el Gobierno y una entidad Autónoma Constitucionalmente hablando; los dimes y diretes entre los titulares de la Presidencia y el INE fueron durante los últimos meses y en medio del proceso electoral, cosa de todos los días. Y siendo la Consulta Popular -este ejercicio, pues la figura jurídica de la Consulta se propuso por Enrique Peña en aquel marco de reformas que se verificó derivado del Pacto Por México y que fue aprobada en 2014- una iniciativa del AMLO para poder enjuiciar a todos los expresidentes que han incurrido en responsabilidades como una promesa misma de su campaña política a la Presidencia de la República, resulta natural desconfiar en que la autoridad electoral esté verdaderamente conforme con la obligación de llevarla a cabo.
Este tipo ejercicio ha sido largamente esperado y anhelado por muchos ciudadanos convencidos de que la participación no debe circunscribirse a votar por algunas personas y partidos en las elecciones programadas, sino que hay muchos temas y planteamientos importantes que hacen necesaria la participación en diferentes momentos; se trata de la oportunidad de opinar y formar parte en la toma de decisiones que van más allá de las políticas públicas o que incluso buscan crear o modificar éstas políticas. Para aquellos años en que se incluyó esta reforma en el paquete electoral, ya eran clásicas las demandas que fundamentalmente la izquierda -que aún trataba de representar el PRD- esgrimía como bandera y en las que se insistió para maquillar en algo tales reformas, aun cuando la consulta popular aprobada y hecha ley, quedó saturada de candados para obstaculizar su posibilidad vinculatoria.
Así sigue hasta ahora, exigiendo una participación del 40 por ciento del electorado cuando mínimo, para que el resultado de la consulta pueda considerarse una obligación de la autoridad. Aunado a ello, la Consulta del 1 de agosto ha sido embadurnada sin ton ni son, por cada una de las fuerzas políticas empeñadas en un olvido colectivo que cumpla con el mandamiento pseudo revolucionario de “tapaos los unos a los otros”. Así, sin usar siquiera espátulas, ni formas ni modos han recubierto la intención original de la consulta con un merengue agrio representado por los eufemismos de “Consulta sobre las acciones para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas”. Ni duda cabe, cuando así se habla, no se quieren compromisos, no se quiere que las cosas se conozcan, se pretende sepultar la verdad con una repostería barata y un decorado de olvido, que oculte el suculento relleno de memoria y verdad que tanta falta hacen para cimentar un nuevo Estado, un régimen más democrático, una confianza restaurada. Los ciudadanos deben saber que los expresidentes implicados tienen un gran temor sobre el resultado de esta consulta. Vayamos a la consulta. Los de siempre apuestan a que nos quedemos en casa. Pero no podemos faltar a la partida de este pastel.
