Resulta entendible que en cada gobierno se incorporen nuevos conductores en la administración pública. Y cuando el nuevo gobierno reviste, además, la posibilidad de un régimen político diferente también se darán y con mayor razón recambios de la clase política, entendida ésta última por quienes se han disputado y alternado la función de dirigir a la sociedad y no sólo los servicios públicos y el mejor desarrollo económico, social y político de la población. El escenario realmente inesperado para esa clase política, que, de cualquier color e ideas, podemos tener en San Luis resulta en esta ocasión más difícil de adivinar o de jugar en las consabidas quinielas que con simpleza se elaboran en cafés y otros lugares de reunión sobre quién ocupará tal o cual Secretaría o cargo. Es cierto que hay seguidores en el proyecto gallardista que provienen ya de otras militancias, formaciones y grupos políticos y cuentan con experiencia política en su mayoría y administrativa algunos otros, pero habiendo observado cómo se reorganizan las Instituciones que han conducido quiénes ahora detentan la representación local del partido verde, puedo aventurar que serán fieles a un estilo que deja de lado la planeación y diseño de programas y áreas y piensan sólo en quién habrá de ocuparlas tratando de asegurarse de cambiar lo más que se pueda a las personas que con una carrera y formación o sin ellas han ocupado los diferentes puestos ya creados. Espero equivocarme y confío en que ahora tengan personas con capacidad para aconsejarles sin tener miedo a disgustarlos o buscando sólo mantenerlos contentos. Además, espero que se dejen ayudar por esas personas que de ninguna manera les propongo, sino que pueden encontrar ya en diferentes posiciones gubernamentales; unos destacando y otros talvez olvidados, pero igualmente valiosos. El Estado ha invertido en ellos y en su formación mucho dinero, esfuerzo y tiempo. La administración pública no es cuestión de improvisar y sí de profesionalizar permanentemente. El servicio público así lo requiere y el dinero con que se paga a los servidores lo aportan los usuarios no los gobernantes en turno.
Lealtad en su acepción gramatical, es el cumplimiento de lo que exige las leyes de la fidelidad, de la honra. El deber de fidelidad, en el funcionario, consiste en la obligación de actuar en interés exclusivo de la administración (Sandulli). También es la obligación de cuidar durante el desempeño del servicio, los intereses de la administración por el bien público, en vista a servir exclusivamente al Estado. Ruiz Gómez dice que la lealtad es la obligación que contrae el funcionario de actuar satisfaciendo única y exclusivamente los intereses del Estado y del servicio que se le encomendó. Lealtad es más que obligación, es deber, porque tan singular es la Posición del funcionario frente al Estado que, para explicar la naturaleza de esa situación, es necesario trasponer los límites impuestos por las obligaciones que surgen de la relación de empleo público, ir más allá del fundamento jurídico, necesario pero insuficiente para responder sobre la esencia de este deber, y procurar dentro del ordenamiento ético, los fundamentos últimos del deber del funcionario (Cretella Junior).Los agentes públicos no cumplen con su deber para contentar a sus jefes, sino para asegurar el funcionamiento regular y continuo del servicio público.
El oficio de administrar y sobretodo el de administrar lo público requiere de lealtad, lealtad al gobierno y al propio oficio no sólo a quien circunstancialmente le toca gobernar. Tampoco hay que exigir que la gente nazca sabiendo, pero como es lógico todos debemos reconocernos como ignorantes de muchos temas. La campaña ya se acabó y sigue la administración que espero que sea buena.
