El uso de tarjetas “compromiso “es ilegal, influye resultados electorales y también resulta inmoral, todo esto no solamente porque así lo establezca la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Art. 209 numeral 5) sino porque implica la adquisición de votos a cambio de bienes, servicios o dinero ya sea que se cumpla lo ofrecido o no, hay una intención clara y una promesa de dar o hacer alguna cosa a cambio de obtener un voto o ganar una votación. Esa condicionante implícita en una tarjeta que hace las veces de vale al portador, presiona a éste último a hacer lo necesario o incidir en lo que sea posible para obtener el voto de más personas.
Podemos pensar que no se engaña a muchas personas con eso, pero ¿Nos hemos puesto a pensar a cuantas personas sí se les engaña? Seguramente son muchas más y por mayoría aplastante las que por necesidad, ignorancia, ingenuidad o con la misma esperanza con la que se compra un billete de lotería, pueden llegar a creer en esto. Sobre todo, cuando el gasto que hacen los candidatos y partidos políticos en ello, significa una buena erogación para lograr que las dichosas tarjetas parezcan de Visa o MasterCard y representen un compromiso “muy serio”, además considérese toda la novela que los operadores de los candidatos les platican a los receptores de la tal tarjeta para que la acepten y se enganchen en un proyecto ajeno, oscuro y que al final de cuentas resultará imposible localizar en el inmenso pajar de la burocracia.
El asunto de las tarjetas ha ingresado en un falso debate o si lo prefiere en una polémica generada sobre el tema de la legalidad en su uso y algunos miembros del Consejo General del INE de manera oficiosa y en una reacción inmediata vertieron sus opiniones minimizando el asunto a un uso propagandístico de “un cartón” que no tiene ningún valor, contradiciendo posicionamientos históricos personales en los que habían consignado que el uso era ilegal. Hay quienes, sobre todo en medios de comunicación, se atropellan por “justificar” el uso de tales instrumentos en una simpleza aberrante: que ya se habían utilizado como en el Caso Monex –también recuérdense las tarjetas de Soriana- y no había pasado nada. Y es que en este caso el PRI gastó en su momento más de 4 500 millones de pesos para la campaña de 2012 lo que representó 13 veces más del tope permitido por la Ley Electoral en ese entonces, de acuerdo a informes de la Comisión de Investigación del Congreso de la Unión. Esta investigación fue desconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues, según lo explicó un exconsejero del IFE, “se acreditó que el destino no está comprobado”. El PRI por su parte “explicó” que ese dinero lo había destinado en la campaña presidencial de 2012 para pagar los servicios a sus funcionarios y representantes de casillas. AL investigar eso el IFE, casi todos los entrevistados dijeron no haber recibido tarjetas electrónicas, sin embargo, las tarjetas existieron, los recursos fueron depositados y el dinero retirado en efectivo con propósitos distintos a los que dijo el PRI (muchos adversarios y opositores dijeron estar seguros que con ello se habían comprado votos).
Por su parte Luis Videgaray coordinador de la campaña de Enrique Peña negó la utilización de esa tarjeta, después el partido tricolor ante las evidencias obtenidas de la existencia de las tarjetas aceptó que sí las uso. La resolución del Tribunal Electoral se dio hasta 2 años después y en ella se tuvieron por válidos contratos cuyas personas negaron haberlos realizado. En resumidas cuentas, el TRIFE concluyó que las tarjetas existieron, el dinero existió y se dispersó, pero “el destino de ese dinero no se comprobó”. Con esta aberración hay quienes el día de hoy pretenden justificar la legalidad en el uso actual de tales tarjetas, argumentando además que candidatos de diferentes colores las están usando. Lo más preocupante es que el INE sin haber sido llamado al pleito haga una defensa tan visceral. Por mi parte que encarcelen a los tarjeteros sin distinguir colores.
