SAN LUIS POTOSÍ.— El Ayuntamiento de la capital potosina promovió una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la nueva Ley General de Transparencia (LGT), aprobada recientemente por Morena y sus aliados, que elimina al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y transfiere sus funciones al Gobierno federal.
INCONFORMIDAD ANTE LA SUPRESIÓN DE ÓRGANOS AUTÓNOMOS
Junto con otros siete municipios del país —entre ellos Hermosillo, Morelia, Chihuahua y la alcaldía Miguel Hidalgo— San Luis Potosí interpuso el recurso legal el pasado 6 de mayo, argumentando que la nueva legislación representa una violación directa a la Constitución y a tratados internacionales en materia de derechos humanos.
Los municipios inconformes señalan que la LGT suprime la autonomía en materia de transparencia y concentración de facultades en el Ejecutivo federal, al establecer como nueva autoridad garante a Transparencia para el Pueblo, oficina subordinada a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG), cuyo titular puede ser designado y removido discrecionalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum.
FUNCIÓN TRANSPARENTE PASA A CONTRALORÍAS LOCALES
En los estados, la reforma prevé que las contralorías asuman las tareas de transparencia, sustituyendo a los organismos locales especializados. Para el Ayuntamiento de San Luis Potosí, esta medida representa un retroceso democrático al eliminar la vigilancia independiente del ejercicio público.
“La LGT viola la Constitución y los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales de los cuales es parte el Estado Mexicano”, sostiene el documento entregado por los gobiernos municipales ante la SCJN, donde piden la invalidez total del decreto.
ORGANIZACIONES CIVILES RESPALDAN EL RECHAZO A LA LEY
A esta ola de impugnaciones se sumaron organizaciones como Artículo 19, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y México Unido contra la Delincuencia, que también presentaron demandas de amparo admitidas por jueces federales. Sus objeciones se enfocan en la subordinación de las nuevas autoridades de transparencia al Ejecutivo, la ampliación de causales para clasificar información y la suspensión temporal de juicios en curso en esta materia.
RESOLUCIÓN PODRÍA DEMORARSE
Los tiempos judiciales no favorecen una respuesta inmediata. Desde abril, la Suprema Corte ha suspendido el trámite de asuntos no catalogados como urgentes, lo que podría demorar significativamente la resolución de las controversias.
El Ayuntamiento de San Luis Potosí, al igual que sus contrapartes en otros estados, insiste en que la transparencia no puede quedar bajo el control del poder que debe ser vigilado, y llama a restituir la autonomía de los mecanismos encargados de garantizar el acceso a la información pública.
