TIJUANA.— El Gobierno de Estados Unidos canceló la visa de no migrante de la Gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, tras su presunta intervención para frenar excavaciones de fosas clandestinas en el Cañón de las Carretas, reveló el semanario Zeta. La medida fue tomada por el Departamento de Seguridad Nacional con base en información que vinculaba directamente el hallazgo con el crimen organizado.
INVESTIGACIÓN TRANSFRONTERIZA CONTRA LOS HERMANOS TORRES
Paralelamente, Carlos Torres, esposo de la mandataria, es objeto de una investigación por parte de autoridades estadounidenses por posibles delitos de lavado de dinero y conspiración criminal. Su hermano, Luis Alfonso Torres, también está bajo escrutinio.
En México, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a ambos por delitos de evasión fiscal, corrupción, robo de hidrocarburos (huachicol), daño a la nación, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. La indagatoria se originó en marzo pasado, tras el hallazgo de un predio con contenedores de diésel robado en Ensenada, con un volumen de casi 8 millones de litros.
SENTRI Y VISA, RETIRADAS EN CASCADA
La primera sanción fue la cancelación de la tarjeta Sentri a Carlos Torres, herramienta que permite el cruce exprés en la frontera para viajeros de bajo riesgo. Posteriormente, al intentar ingresar a Estados Unidos a través de la garita de San Ysidro, el esposo de la Gobernadora fue interceptado por agentes de la Custom and Border Protection (CBP), quienes le destruyeron la visa en el lugar y lo regresaron a México.
En el caso de Marina del Pilar Ávila, por tratarse de una funcionaria electa, se optó por una vía diplomática: el Cónsul General de Estados Unidos en Tijuana, Christopher Teal, le notificó personalmente la revocación de su visa de turista, con el fin de evitar un incidente público si intentaba cruzar la frontera.
HALLAZGO EN TIJUANA DESENCADENA REPRESALIAS
El detonante de la medida diplomática contra la Gobernadora fue su decisión de detener las excavaciones en una fosa clandestina localizada en abril pasado en Tijuana. Según Zeta, las autoridades estadounidenses no solo conocían la existencia del sitio, sino que manejaban datos sobre la cantidad de cuerpos enterrados por un grupo criminal.
Fuentes del Departamento de Estado confirmaron que esta acción fue considerada un intento de encubrimiento o interferencia con investigaciones vinculadas a redes de crimen organizado, lo cual motivó la revocación de la visa.
TESTIMONIO CLAVE EN EXPEDIENTE MEXICANO
En la carpeta de investigación que la FGR lleva contra los hermanos Torres, figura un testimonio anónimo que refiere amenazas, corrupción política y protección institucional a favor del huachicol. Se menciona directamente al exalcalde de Ensenada y actual senador Armando Ayala, así como a empresarios locales presuntamente implicados en la red.
“Nos obligan a quedarnos callados… dicen tener el control incluso sobre autoridades federales”, afirma el testimonio recogido por la fiscalía.
SILENCIO OFICIAL HASTA AHORA
Ni la Gobernadora ni su esposo han emitido una declaración oficial respecto a la revocación de sus visas o al contenido del reportaje. En redes sociales, Torres había sugerido que su visa fue retirada mediante una notificación consular, versión que fue desmentida por las fuentes estadounidenses citadas por Zeta.
El caso marca un precedente en el tratamiento que Washington otorga a funcionarios públicos mexicanos en contextos donde se presumen actos de encubrimiento, corrupción o colusión con el crimen organizado.
