Esta decapitación de la máxima autoridad de Chilpancingo, Guerrero, una de las 32 capitales del país, representa un desafío directo al Estado mexicano y marca un antes y un después en la escalada criminal que hemos vivido durante varios sexenios.
Este brutal acto pondrá en tela de juicio la capacidad del gobierno para garantizar la seguridad y mantener el control, si no hay una respuesta firme y rápida de la autoridad federal (el gobierno de Guerrero hace años que está rebasado).
Con una población de alrededor de 3.5 millones de habitantes, Guerrero ha sido un punto crítico de la violencia en México. Comparado con países como Uruguay o Lituania, que tienen menos población, la situación en este estado deja en claro la gravedad del problema.
El mensaje de quienes asesinaron al alcalde es claro: el crimen organizado no solo busca el control territorial, sino también desafiar al Estado en sus niveles más altos.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una oportunidad crucial al inicio de su mandato.
De inicio, hace falta un mensaje firme. Sería un gesto de autoridad y firmeza que, desde su administración o desde la Sedena o el secretario de seguridad Omar García Harfuch, se haga expreso el fin de la tolerancia hacia el crimen organizado.
Pero además, este crimen no plantea solo cuestión de capturar a los autores materiales del horrendo hecho, sino que las autoridades deben ir tras las cabezas del cártel responsable y no solo eso, incluso desmantelarlo.
El Estado debe enviar un aviso inequívoco: no habrá impunidad para quienes desafíen a la autoridad.
Este sería un poderoso mensaje para el arranque de este nuevo sexenio: demostrar que cuando el gobierno se propone actuar, puede desmantelar las redes criminales.
Un claro ejemplo de esto, aunque lamentablemente llevado a cabo no por autoridades mexicanas, sino por el gobierno de Estados Unidos, se dio en San Luis Potosí en 2011.
En febrero de ese año, una célula de Los Zetas atacó a dos agentes del ICE (Agencia de Inmigración y Aduanas de los EUA) en la carretera 57, entre Villa de Reyes y Santa María del Río, matando a uno e hiriendo gravemente al otro.
La respuesta de Estados Unidos fue implacable: en cuestión de días, detuvieron a más de 400 miembros y aliados de Los Zetas en su territorio, en varias ciudades norteamericanas.
En los meses siguientes identificaron y capturaron a los responsables materiales y directos del asesinato. Todos fueron extraditados y condenados a cadena perpetua en ese país, años después.
Pero las autoridades de los EUA no se conformaron con eso. En los meses que siguieron, el gobierno estadounidense lideró una ofensiva para desmantelar el cártel de Los Zetas, capturando o abatiendo a sus principales líderes.
Este ejemplo demuestra que, cuando se quiere, se puede. Es momento de que el gobierno mexicano muestre una respuesta similar de firmeza y determinación. La seguridad de México lo exige.
Además, este no es un caso aislado. El asesinato del alcalde de Chilpancingo ocurre en medio de una creciente crisis de seguridad que ya ha afectado a varias regiones del país en los primeros días de este nuevo sexenio. En Guanajuato, doce personas fueron ejecutadas el pasado 3 de octubre en cinco puntos de Salamanca, en una serie de ataques coordinados atribuidos a la disputa entre cárteles. En Michoacán, ocho miembros de las autodefensas fueron masacrados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en agosto de este año, subrayando el control del crimen organizado en la región
Ha habido recientes masacres en entidades como Sonora, Chihuahua, y Morelos. Hace días importantes comercios, entre ellos una sucursal de WalMart, fueron incendidadas en Zapopan, Jalisco, según conclusión de los bomberos aún no aceptada por las autoridades. El país enfrenta una grave situación de violencia casi generalizada.
El reto para la presidenta Sheinbaum y su gobierno es claro: no solo detener esta escalada, sino también enviar un mensaje inequívoco de que el Estado mexicano no será doblegado por el crimen organizado.
La sociedad mexicana ya no puede esperar más. Es tiempo de actuar.
IMPONENTE, ARENA POTOSÍ
Tuvimos la oportunidad de estar presentes en la inauguración de la Arena Potosí, en las inmediaciones de la Fenapo. Más allá de la controversia que desató su construcción porque algunos han considerado que el gasto no se justificaba, la verdad es que es un recinto imponente, que dará una fortaleza más a San Luis Potosí para desarrollar eventos y espectáculos de carácter no solo regional sino estatal.
No pide nada a complejos similares de grandes urbes, como la CDMX, Guadalajara y Monterrey.
La Arena será un instrumento más para atraer turismo a la ciudad; cuenta con instalaciones cómodas, por lo que se pudo ver impecablemente construidas con mucho concreto y acero, así como espacios cómodos y amplios, incluido el estacionamiento.
El audio es impresionante, capaz de alcanzar alto volumen sin distorsión y además sin los comunes “rebotes” en este tipo de recintos.
Lo que se invirtió en él, según datos preliminares alrededor de 600 millones de pesos, a precios de hoy es mucho menos que lo que se aplicó en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, que fueron más de 500 millones de pesos de hace 20 años.
En una comparación visual y en dimensiones, impresiona más la Arena Potosí. También parece que se le sacará más provecho que al CCSLP, que hasta la fecha es un elefante blanco, con más gastos que ingresos.
