En las recientes visitas que el gobernador Ricardo Gallardo ha realizado a plantas de la zona motor y al parque WTC en donde esta el predio de 280 hectáreas, ahora de propiedad estatal, se ha ventilado el tema.
Una de las líneas de acción es buscar el respaldo del gobierno federal a través de la Cancillería y de la Secretaría de Economía para que las grandes firmas globales del sector automotriz conozcan las ventajas del predio que fue de la Ford.
También se establecen contactos directos con empresas armadoras, para sondear su interés por instalarse en México y en San Luis Potosí.
Está además la opción de organizar una misión comercial para dialogar con armadoras que potencialmente pudieran instalarse aquí.
La estimación que tiene el gobierno estatal indica que podrían generarse al menos unos mil 500 empleos directos, en el arranque de las plantas. Después serían más.
Además del predio adaptado para una armadora automotriz, SLP cuenta con una infraestructura sólida en materia de energía, agua, gas natural y fibra óptica, lo que pocas entidades podrían ofrecer en este momento.
Pero la mayor ventaja de SLP es que se ubica en la región geográfica del país en donde el sector automotriz concentra su mayor producción de autopartes, por lo que una armadora que se instale aquí tendría proveedores a la mano, en esta era en la que es muy complicado el traslado de componentes desde otras partes del mundo, debido a la pandemia y a la guerra entre Rusia y Ucrania.
¿ENCONTRAZO EN GABINETE DE GALLARDO?
En un buen agarrón dentro del gabinete de Ricardo Gallardo podría derivar el concurso para la entrega de mil 877 concesiones de transporte público en su modalidad taxi, el cual se espera que concluya en los próximos días.
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, para evitar mayores conflictos y manifestaciones proyecta ceder 100 concesiones, adicionales.
En la Secretaría General de Gobierno creen que la dependencia debió ser consultada. Incluso, hay algunos funcionarios del área que opinan que se le debió pedir permiso, pues se trata de un asunto de gobernabilidad.
Pero se supone que no estaba enterada al 100 por ciento de esta operación política de la SCT, según funcionarios cercanos al titular de la dependencia.
