El inicio de los trabajos apenas pereció una declaración de la entonces directora de la Junta Estatal de Caminos (JEC), Macrina Fernández Pozos, quien el 16 de abril de 2021 informó que días antes habían arrancado.
Solo ahora, más de un año después, las cosas empiezan a cobrar sentido. A los periodistas, a la oposición y a los analistas políticos nos faltó perspicacia y curiosidad. ¿No era extraño que una de las obras más importantes del sexenio de Carreras y quizá una de las más relevantes del gobierno de AMLO en SLP empezara sin pena ni gloria, sin banderazo ni propaganda gubernamental?
Tal parece que tanto el gobierno de Carreras como la Federación algo vieron mal, porque trataron de no relacionarse mucho con la obra, en la que ambos metieron recursos; el primero, el proyecto y parte del derecho de vía, en tanto que el segundo los recursos. ¿Desde entonces ambos sabrían que quedaría inconclusa y que terminaría en un montón de tierra, como anticipa el actual mandatario Ricardo Gallardo?
Ya ha pasado alrededor de un año y cuatro meses y ni siquiera se ha podido concluir el primer tramo de 2 kilómetros, que debió terminar el diciembre.
El segundo, de 3 kilómetros y 2 puentes, no va ni a la mitad. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) federal afirma que terminará este año, allá por octubre, lo que no parece creíble.
Si llegara a ocurrir, la vía no llegaría ni siquiera al Eje 122, pues faltaría una conexión vial que está calculada en varios cientos de millones de pesos.
En ese sentido, ¿sería pertinente que el gobierno de Ricardo Gallardo le metiera mil millones de pesos a la obra para rescatarla, construir esa conexión al Eje 122 y después continuar la vía hasta el Eje 140, cuando no se han terminado los dos primeros tramos?
Además, el enredo en materia de facultades entre dos niveles de gobierno, la mezcla de recursos y la ejecución de la obra por parte de dos diferentes autoridades sería monumental.
Por ello, algunos integrantes del Consejo Consultivo Potosí ven más viable apostarle al segundo piso sobre la 57, que al estilo Del Valle de México permitiría una circulación fluida con una cuota baja o sin ella (dependiendo de la estructura de financiamiento, si es pública, privada o mezcla de ambas).
Si se opta por el segundo piso, la ruta alterna Juárez - Eje 140 deberá esperar, al menos mientras se le encuentra una estructura de financiamiento.
Para eso primero deberá conocerse quién será el próximo delegado de la SICT en SLP, un cargo que sigue en el aire. Por cierto, el desempeño desastroso del anterior sería una de las causas del atraso en esa vía.
Un aliciente para inclinarse por el segundo piso, es que está muy avanzado el proyecto ejecutivo y se trata de un modelo de construcción rápido y probado, en una de las urbes más grandes del mundo, la CDMX.
En la ruta alterna aún deben terminar los dos tramos en curso y confirmar que no haya vicios ocultos o fallas, porque es alto el riesgo de comprar broncas.
Con el Segundo Piso se arranca desde cero la obra y depende completamente de la capacidad de ejecución del gobierno estatal, que ya se vio que es buena, al desatorar conflictos como el puente Fenapo y la modernización del Periférico, ligada al mismo.
¿CRISIS EN PROYECTOS FEDERALES?
Lo sucedido con el proyecto de infraestructura ruta alterna Juárez - Eje 140, es solo una parte de lo que podría desencadenarse en SLP con algunas obras federales.
La escasez de recursos federales, porque gran parte de la inversión en infraestructura la SICT la destinará al Tren Maya, ponen en riesgo otras obras con financiamiento federal, las que podrían naufragar en forma eventual.
La ruta alterna tenía un planteamiento y una planeación desde el año 2013 y aún así resintió el impacto.
Por ello, peor le podría ir a la ampliación y modernización de la carretera Valles - Tamazunchale, que podría ser afectada también de la misma manera. También es el caso de la regeneración del aeropuerto de Tamuín.
Ambos son compromisos del presidente Andrés Manuel López, lo que por lo que se ha visto no es garantía de que se vayan a concluir en el sexenio.
GALLARDO, METE EN ORDEN A EMPRESAS DE LA HERENCIA MALDITA
Hasta que alguien metió orden en algunos casos de empresas abusivas de la era de la herencia maldita, como Coinsan, Aqualia y GIPSA. Una a una se han sentado en la mesa de negociaciones, luego de que el gobernador Ricardo Gallardo las llamó a cuentas.
La primera, Coinsan, mantiene negociaciones en curso, para quitar las casetas que le cobran peaje a obreros en la entrada de parques industriales, con el pretexto de que están a un lado de la carretera La Pila-Villa de Arriaga, que tienen concesionada.
La segunda, Aqualia, operadora del acueducto de El Realito ya accedió a invertir 160 millones de pesos para repararlo, luego de que se comprobó que fue mal construido.
Ahora tocó el turno a la tercera, GIPSA, formada por empresarios potosinos, a la que se le cayó un puente en la carretera de cuota Cerritos-Tula, Tamaulipas. Luego de que se le hizo manita de puerco, finalmente ha anunciado la Junta Estatal de Caminos que el estructura será reconstruida.
A los dos días de que inició el gobierno de Ricardo Gallardo ocurrió la tragedia del colapso de ese puente, en la autopista referida, concesionada a GIPSA.
Gallardo ya logró que la empresa concesionaria asumiera su compromiso en todos los aspectos.
Para que no quede como un nudo suelto, o asignatura pendiente, la JEC constató este martes que la empresa inició con los trabajos de rehabilitación del puente colapsado, por lo que a finales de este año estará otra vez en operaciones.
