Mucha molestia causa a los directivos de General Motors y más a sus empleados que Coconal haya colocado una caseta para cobrar peaje por entrar y salir de la planta de la armadora de autos estadounidense, en donde hay más de 5 mil trabajadores.
Eso no es todo, el terreno propiedad del gobierno estatal, que le fue devuelto por Ford, quedó entrampado en ese abusivo trato.
Muchos se preguntan ¿qué dio Coconal para que se le permitiera abusar de esa manera?
El problema ahora es que eso hasta pone en riesgo inversiones en San Luis Potosí, pues debe representar un costo altísimo estar pagando una cuota carretera por acceder a General Motors y a otras firmas que se encuentran en el complejo industrial de Villa de Reyes.
Quizá las cuotas las paguen los empleados, pero de alguna manera la empresa resulta también afectada, pues tiene que reflejarse en los salarios ese costo que tienen los trabajadores.
Bien haría el gobierno estatal en abrir una investigación para ver cómo es que se le permitió a Coconal ese abuso.
Además, debe recordarse que también se le amplió el plazo de concesión, a cambio de realizar unas obras que solo benefician a la misma empresa, pues se trata de varios puentes que hizo en sus supercarreteras de cuota, la de La Pila a Villa de Arriaga y la que va de la 57 a Rioverde.
ENORME RETO PARA VALLADARES
El gobernador, Ricardo Gallardo, reveló que una de las principales tareas que tiene el secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares, es colocar ese activo para importantes proyectos de inversión.
Sin embargo, el peaje que cobra Coconal para poder acceder al mismo representa un costo adicional para cualquier empresa que pretenda instalarse ahí, por lo que muchas preferirán irse a otra zona.
Ese predio, aunque es un activo, también tiene sus bemoles.
Por ejemplo, el gobierno tiene que pagar mes con mes una cantidad importante para mantenimiento de una superficie que no es utilizada.
REPORTAN MÁS ANOMALÍAS
Uno de los componentes que tiene la denuncia promovida por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ante la Fiscalía General del Estado el lunes pasado, tiene que ver con una red de antenas que se concesionó a particulares sin ningún beneficio para el Estado.
El denominado sistema de comunicación estatal, compuesto por una red de antenas, no sólo quedó desmantelado sino que se entregó casi de forma obsequiosa a una empresa que desde que la obtuvo en concesión; poco o nada ha hecho de inversión, ni cumplido con los puntos a los que se comprometió, como fue ampliar la cobertura, según dijeron fuentes del gobierno a esta columna,
En ese caso se presume un daño patrimonial, por lo que se pide indagar la participación en el caso de exfuncionarios de la SCT estatal.
GALLARDO, LEGISLADOR
Todas las propuestas de ley de alto impacto social para mejorar las condiciones de convivencia diaria han salido del Ejecutivo estatal, ante la anodina postura y la falta de dinamismo de los diputados locales.
Esa abulia legislativa ha tenido que ser compensada con un gran activismo del gobierno de Ricardo Gallardo.
Es el caso del maltrato animal, que tiene en SLP casos muy lamentables.
Como gobernador emanado del Partido Verde Ecologista de México, Gallardo impulsó apenas hace semanas una legislación para castigar actos deleznables, con dos a cinco años de prisión y multa económica.
Su iniciativa, bien aceptada, será una realidad a partir de la sesión plenaria del próximo jueves.
En tanto, los diputados naufragan sin rumbo y con una participación testimonial como Legislatura cada vez más y más gris.
