El Consejo Potosí estará integrado por el gobernador, Ricardo Gallardo, así como por los titulares de la Secretaría General, José Guadalupe Torres; Finanzas, Salvador González; y Sedeco, Juan Carlos Valladares.
También destaca el exgobernador y exsenador, Teófilo Torres Corzo, quien fue incluido en el Consejo mas bien por su perfil empresarial que por el político.
Además, los empresarios Carlos López Medina, Manuel Del Valle, López, Carlos Torres Corzo, Jacobo Payán Espinosa, Jaime Oliva, José María Padilla, Jun carlos Valladares, Pablo Valladares, Miguel Valladares, Luis Mahbub, Félix Bocard, Alejandro Anaya y Vicente Rangel Mancilla.
Un buen logro se anotó Gallardo al sumar a un sector que supuestamente no lo apoyaba. Ahora será un aliado fundamental para los principales proyectos de su administración.
Por otro lado, la participación empresarial en los proyectos de gobierno contribuirá a equilibrar la percepción y la acción de la administración de Gallardo. Por un lado los programas sociales en beneficio de quienes menos tienen; por el otro, la alianza con el sector privado para impulsar la infraestructura productiva, el desarrollo económico, la inversión, el empleo.
CONFIRMAN OTRA DENUNCIA EN PUERTA
Fuentes gubernamentales nos comentaron que la próxima semana, muy posiblemente el lunes, será presentada una denuncia en contra de varios exfuncionarios estatales, por lo que el informante llamó el “desfalco en el caso de la Red Metro”.
Según la versión de las autoridades actuales, serán señalados directamente varios exfuncionarios como los principales responsables.
Se trató de un “saqueo”, pues el gobierno pagó millones por una obra que no existe, se informó a esta columna.
También este jueves se espera una nueva audiencia relacionada con el caso de Jaime Pineda, el exsecretario de Seguridad Pública durante la pasada administración, detenido el pasado viernes.
Según las proyecciones de las autoridades será vinculado a proceso, pero además deberá llevar éste en prisión preventiva, no en libertad.
COMPROMISO CON LA SEGURIDAD
El gobierno de Ricardo Gallardo tiene como uno de sus máximos compromisos recuperar la seguridad en todo el territorio potosino, no solo en algunas zonas.
De esta forma explicó un funcionario gubernamental el motivo por el cual se realizan las Mesas de Paz y Seguridad no solo en la capital, sino también en las demás regiones del estado, como el Altiplano, Zona Media y Huasteca.
Y no solo en las cabeceras de esas regiones, como podría decirse de Matehuala en el Altiplano potosino. También se han llevado, por ejemplo, hasta Salinas, que colinda con el violento Zacatecas, y este miércoles se realizó e Charcas.
La estrategia de seguridad no es solo reunirse a tomar una taza de café todos los días; se acude a las regiones a conocer de primera mano los problemas, para a partir de ahí diseñar planes específicos contra la delincuencia.
Pero además de las Mesas, también se trabaja en el fortalecimiento de las instituciones, como lo refleja el mayor presupuesto para Seguridad en 2022; la iniciativa para la creación de la Guardia Civil; la construcción de bases operativas para este nuevo organismo, así como para la Guardia Nacional; los mayores golpes contra el crimen como decomisos de drogas, armas y equipo, además de las detenciones de cabecillas.
Los resultados se empiezan a reflejar en cifras a la baja de los crímenes dolosos y de otros delitos, aunque el fenómeno de la delincuencia es dinámico; se mueve a partir de circunstancias nacionales y de las relaciones de poder entre los cárteles.
ALIANZA DE UUZI CON EL GOBIERNO
La Unión de Usuarios de la Zona Industrial es el principal organismo empresarial de SLP, totalmente local; es decir, no es una franquicia de una cámara nacional, como son los casos de la Canaco, la Coparmex, Canacintra y otras.
El actual presidente, Juan Puente, que asumió el cargo hace meses trabaja a todo vapor para sacar adelante proyectos que dejó “colgados” el anterior gobierno estatal.
Para ello su apuesta principal es construir una alianza con el gobierno estatal, pues la cabeza del mismo, Ricardo Gallardo, ha ofrecido revertir el abandono en que las autoridades pasadas dejaron a ese sector de la ciudad, el que le aporta más a la economía potosina.
Como parte de esa alianza, la UUZI ya trabaja de la mano con el nuevo secretario de Desarrollo Económico, Juan Carlos Valladares Eichelmann, a quien dio una cálida bienvenida.
La UUZI lo reconoce como un perfil joven que generará buenas condiciones hacia el desarrollo; también lo considera un interlocutor válido, el vínculo con la política económica del gobierno de Ricardo Gallardo.
Es una buena noticia la alianza entre la UUZI y el gobierno estatal, pues apoyar a ese sector, es impulsar la economía de SLP, pues se trata del que más aporta a la misma, tanto en términos del Producto Interno Bruto, como en exportaciones, generación de empleos y formación de capital humano.
VIALIDAD FUNDAMENTAL PARA EL CRECIMIENTO
Por su cobertura, importancia y tamaño, con sus 43 kilómetros, la vialidad más larga de la Zona Metropolitana, el anillo periférico, representa una ruta hacia el crecimiento y el desarrollo urbano y económico.
Sin embargo, indebidamente, los gobiernos del pasado la olvidaron, la tuvieron en el abandono y descuido, del que ahora se le rescata.
Solo así se explica la abulia gubernamental en lo que se refiere al puente Fenapo, en la intersección del Periférico con Avenida Juárez, que convirtió la zona en un auténtico cuello de botella que aumenta en 10 y 15 minutos el trayecto entre el poniente y el oriente.
Por fin se logró rescatar esa obra, 10 años atorada, al lograrse un histórico acuerdo entre gobierno y comuneros de San Juan de Guadalupe.
Representantes de la Iniciativa Privada reconocieron este logro del gobierno de Gallardo, lo califican como el rescate de la competitividad del área metropolitana.
"BOMBA DE TIEMPO” EN VÍA ALTERNA A LA ZONA INDUSTRIAL
En Exprés le informamos de un nuevo revés que enfrenta la construcción de la vía alterna Juárez - Eje 140.
No es del todo su culpa, pero refleja lo inoperante que es el centro local de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes federal, al que de nueva cuenta le ponen pausa, o cuando menos, un ritmo más lento en la ejecución de los trabajos.
Es una "bomba de tiempo" porque además de afectar ese proyecto de infraestructura, los alcances del litigio podrían tener como repercusión un freno también de la segunda etapa de un desarrollo inmobiliario en proceso.
