Esa transformación arrancó hace tres meses y está en curso, con un cambio de estilos, formas, velocidad de las decisiones y atención a nuevos segmentos o audiencias políticas y sociales.
Transcurrido el arranque, al iniciar el 2022 se cumplirán los 100 días de gobierno, para lo cual Ricardo Gallardo contempla entregar diversas obras que inició apenas asumió el poder, entre ellas la primera etapa del rescate del Periférico, así como la del Tangamanga Uno, entre otras.
Pero también pretende arrancar el año a tambor batiente. En materia de obras, Gallard proyecta iniciar la continuación de los trabajos del Periférico y del Tangamanga, entre otras.
En el terreno social, lanzará programas como los apoyos económicos directos a madres solteras, adultos mayores, personas discapacitadas y jóvenes. Asimismo, a inicios de 2022 se concretará una de sus principales promesas de campaña, el transporte gratuito para estudiantes universitarios, cuyos detalles se afinan.
En el terreno de la Seguridad, se contempla el arranque de la Guardia Civil de SLP, una vez que el Congreso del Estado apruebe su creación.
En lo político y jurídico, es muy probable que su gobierno presente varias denuncias penales por supuestas anomalías cometidas durante el sexenio anterior.
Esta columna consultó a varias fuentes gubernamentales sobre las áreas en las que se indagan posibles irregularidades.
Una ya es conocida, pues hay incluso una denuncia, se trata de la Oficialía Mayor, en donde se reportaron gastos no sustentados en el mantenimiento de aeronaves.
Otra dependencia que podría estar en problemas sería la Seduvop, por proyectos como la Red Metro, el Parque de Matehuala y el UUZI Bus.
También la Secretaría de Salud, como lo comentó Gallardo desde su toma de posesión.
Según lo que esta columna supo, las áreas jurídicas del gobierno trabajan en la integración de los expedientes, que soportarán las denuncias.
GABO PODRÍA SOLTAR LA SOPA; TIEMBLAN EXFUNCIONARIOS
Entre los datos que recibió este espacio al indagar sobre las posibles denuncias, está el caso Gabriel N. alías “Gabo”, quien de acuerdo con la información estaría por aportar una gran cantidad de datos a las autoridades, que permitirían proceder contra algunos exfuncionarios con los que sostuvo tratos.
Según la versión, eso podría ocurrir antes de que acabe el presente año, pues estaría por alcanzar un acuerdo con las autoridades; por ello, los exfuncionarios estatales que tuvieron tratos con él pasarán preocupados las fiestas decembrinas.
Un dato relevante es que los negocios de Gabriel N. no fueron solo en la Secretaría de Salud, como había trascendido públicamente.
Se habla de que se extendieron hasta la Oficialía Mayor y al área de Seguridad Pública Estatal.
Esa ampliación de sus operaciones significaría que tuvo un impulsor o impulsora con mucho poder, capaz de influir en diversas dependencias estatales.
También, porque estuvieron detenidas varios años las denuncias penales que había en su contra por un presunto fraude a través de la empresa Invercorp, que usó recursos de ahorradores para supuestamente construir edificios, sin concretar las obras ni devolver los fondos a los afectados. Fue detenido hace algunos días por ese motivo, pero desde entonces se ha ventilado que podría convertirse en testigo protegido, a cambio de aportar información.
