Esa posible negligencia podría no solo ameritar sanciones, sino incluso la revocación de la concesión estatal, otorgada por el Gobierno del Estado, en tiempos del mandatario Marcelo de los Santos Fraga, a la empresa “Grupo de Infraestructura Potosino”, según consta en el título de concesión obtenido por este medio.
Constructores consultados por Café Exprés recordaron que esa vía de cuota fue construida por un grupo de empresas, entre las que se encontraban Pavilsa, una firma de Chihuahua; Profezac, de Zacatecas, más un grupo de compañías potosinas como Paviasfaltos y G y G, entre otras.
La concesión la tiene la firma Grupo de Infraestructura Potosino, aunque las fuentes del sector dijeron que los potosinos que participaban vendieron su parte, aunque no se pudo confirmar la versión.
Según el título de concesión, después de tres años de otorgado, los propietarios pudieron vender su parte o aceptar nuevos socios, con autorización de la Junta Estatal de Caminos, algo que la dependencia estatal deberá informar en los próximos días.
Por otro lado, de ser cierto que la falta de mantenimiento causó el derrumbe del puente y la muerte de una persona, hay causales para revocar la concesión sin que el gobierno estatal tenga que realizar pago alguno.
En primer término, la concesionaria debe tener un fondo de conservación para dar mantenimiento a la vía; de resultar cierta la opinión preliminar de los constructores consultados por Exprés, no hubo adecuado mantenimiento, pese a tener los recursos para ello.
Entre las causas de revocación de la concesión sin perjuicio para el Estado, está la número III, que advierte sobre el incumplimiento de las Reglas de Operación de la Vía Concesionada o la negligencia en la prestación integral del servicio.
La número XIX hace hincapié en la posibilidad de que esa negligencia ponga en peligro la seguridad de los usuarios.
Si el nuevo gobernador quiere meter orden, aquí se le presentó una oportunidad, lamentable, porque perdió la vida una persona.
HACE TRUEQUE ÉRIKA CON LA SEDUVOP DE STEVENS
El terreno de propiedad estatal que era de la Ford Motor Company tenía una superficie de 220 hectáreas; otras 80, que habían sido donadas por el municipio de Villa de Reyes pero permanecían en su dominio, ya son también del gobierno.
La alcaldesa de ese ayuntamiento industrial, Erika Briones, hizo un trueque: aceptó incorporar esas hectáreas para que así se tuviera una reserva total de 280 hectáreas en el predio que fue de Ford, con objeto de incrementar su valor.
Pero a cambio, antes de que concluyera la pasada administración, obtuvo de la Seduvop de Leopoldo Stevens el aval para el plan de ordenamiento urbano de la demarcación, en el que se anticipa zonas de desarrollo habitacional, muy importantes, así como negocios, por lo que habrá que ponerle lupa a ese municipio.
