La reforma para endurecer las sanciones, por incendios cometidos por dolo o negligencia, presentada por el Ejecutivo Estatal, desde las primeras líneas advierte de lo que ahora es un panorama crítico: "El Estado de San Luis Potosí se enfrenta a un grave aumento en el número de incendios forestales, consecuencia directa de gobiernos anteriores debido a la ausencia o falta de políticas de prevención, lo que ha dejado al Estado de San Luis Potosí en sus cuatro regiones vulnerable (...)".
La reforma legislativa dada a conocer hace poco más de tres semanas, por el mandatario estatal Ricardo Gallardo, ingresa para su análisis en el Congreso de SLP, en la próxima sesión plenaria.
Los diputados comenzarán a estudiarla, cuando los incendios de la temporada 2025, han aumentado en cantidad, pero también en siniestralidad. Al corte de este fin de semana, suman poco más de 8 mil 200 hectáreas de superficie consumidas por el fuego, entre matorrales, pastizales y bosques.
A través de una serie de reformas al Código Penal del Estado, plantea una sanción de cinco a diez años de prisión, y una de carácter económico equivalente a 300 a mil UMAs, cuando se causen daños a bienes de valor científico, histórico, artístico, cultural, así como bosques, selvas, pastos o cultivos.
Las sanciones aumentan a entre siete y 15 años de prisión, y de 500 a mil UMAs, cuando los daños sean ocasionados por inundación, incendio, sustancias peligrosas, o explosivos.
"Adicionalmente, la poca claridad en la legislación penal vigente ha propiciado que quienes cometen estas conductas enfrenten sanciones insuficientes. Esto perpetúa la repetición de estas prácticas dañinas y dificulta de manera significativa su erradicación (sic)", refiere el texto.
La propuesta elaborada por el Ejecutivo Estatal, refiere conforme a corporaciones o instituciones, como es la Coordinación de Protección Civil de SLP, o la Comisión Nacional Forestal, en el 90 por ciento de los incendios, los responsables son las actividades humanas.
La propuesta incorporó una actualización, en lo que corresponde a delitos contra el ambiente.
