El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el jueves un amplio paquete de leyes de migración con el objetivo de fortalecer la aplicación de restricciones contra la inmigración ilegal y alinearse con la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump.
Los republicanos aseguran que esta legislación coloca a Florida a la vanguardia de los estados conservadores que buscan utilizar recursos estatales y locales para reforzar las restricciones federales a la inmigración. Sin embargo, las medidas han generado controversia y se anticipa una disputa legal, ya que críticos afirman que algunas disposiciones podrían ser inconstitucionales.
PENA DE MUERTE PARA DELITOS GRAVES COMETIDOS POR MIGRANTES
Uno de los aspectos más polémicos de la nueva legislación es la imposición de la pena de muerte para migrantes en situación irregular que sean declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. Esta disposición va más allá de las órdenes ejecutivas impulsadas por Trump y podría enfrentar impugnaciones en los tribunales.
NEGOCIACIONES ENTRE DESANTIS Y LEGISLADORES REPUBLICANOS
La firma de los proyectos de ley se dio luego de semanas de tensiones entre DeSantis y los líderes republicanos del estado. Tras un prolongado estancamiento, se alcanzó un acuerdo que permitió destrabar la iniciativa.
“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la iniciativa más sólida en el combate a la migración ilegal de cualquier estado en todo el país”, declaró DeSantis antes de firmar los proyectos de ley.
A pesar de la aprobación, persisten fricciones entre DeSantis y los aliados de Trump, ya que el gobernador podría mantener aspiraciones presidenciales para 2028. “En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, expresó el senador republicano Joe Gruters, patrocinador de los proyectos de ley y cercano a Trump.
RECURSOS PARA LA APLICACIÓN DE MEDIDAS MIGRATORIAS
El paquete de medidas asigna 298 millones de dólares para fortalecer la aplicación de las nuevas leyes. Estos fondos se destinarán a la contratación de más de 50 nuevos agentes especializados en migración, compra de equipo, capacitación de agencias locales, bonificaciones para oficiales que colaboren con operaciones federales y reembolsos para el alquiler de instalaciones de detención.
Además, la legislación endurece las penas para todos los delitos cometidos por migrantes sin autorización y tipifica como nuevo delito el reingreso al estado tras haber ingresado ilegalmente a EE. UU.
Como parte de las negociaciones, se eliminó una propuesta previa que buscaba restringir los poderes del gobernador en materia de migración. Sin embargo, se aprobó una disposición que deroga la ley que permitía a estudiantes migrantes acceder a matrículas estatales en universidades públicas, una medida que generó críticas tanto de republicanos como de demócratas.
Con la implementación de estas leyes, Florida refuerza su postura como uno de los estados con mayores restricciones a la inmigración, alineándose con la visión de la administración Trump y desatando un intenso debate sobre sus implicaciones legales y humanitarias.
