La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, aclaró que el Senado de la República será la última instancia responsable de revisar los antecedentes legales o delictivos de los aspirantes a ocupar cargos en el Poder Judicial, una vez que se realice la elección del próximo 1 de junio.
En respuesta a cuestionamientos sobre los filtros aplicados para evitar que personas con sentencias firmes por delitos se cuelen en las listas, Taddei explicó que el INE, aunque realiza una revisión inicial, no tiene la facultad de descalificar perfiles una vez que estos han sido avalados por los comités de evaluación del Senado.
REVISIÓN POSTERIOR A LA VOTACIÓN
“La reforma establece perfectamente que todos aquellos requisitos que se deben cumplir incluyen la probidad de las personas”, señaló. “Esa es una revisión primera que ya se hizo en el Senado (…) Lo que sigue es, una vez terminada la votación y definidos los resultados, dar parte al Senado y al Tribunal Electoral para que resuelvan si se encuentra algún requisito no cubierto”.
La consejera presidenta insistió en que este proceso no depende de deseos personales ni posturas políticas, sino de lo establecido en la reforma constitucional que regula la designación de jueces por elección popular.
ACUERDO PENDIENTE EN EL INE
Taddei indicó que el Consejo General del INE aún debe aprobar un acuerdo que establezca el mecanismo para detectar irregularidades en los perfiles de los candidatos a juzgadores. Este instrumento será clave para canalizar posibles casos de personas con antecedentes penales que hayan alcanzado una candidatura.
RESPALDO DEL SENADO, DENTRO DE LA LEY
Sobre las declaraciones del presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, quien respaldó que el INE haga una revisión previa de los perfiles, Taddei respondió que la norma ya prevé esa función correctiva para el Senado y que no es un asunto de voluntad individual.
“Entiendo que el presidente del Senado deberá estar de acuerdo porque está en la reforma (…) le toca al Senado ser receptor de cualquier situación que se presentara una vez concluida la jornada electoral”, puntualizó.
Con estas declaraciones, el INE confirma que la elección de jueces no estará exenta de supervisión institucional, pero que el filtro definitivo ante casos controvertidos recaerá en el Senado y el Tribunal Electoral, consolidando su papel como garantes de la legalidad del proceso.
