Autoridades e instituciones deben ser cautos y estar atentas a las modificaciones a las leyes de transparencia y acceso a la información pública, así como a las de protección de datos personales, ya que estas funciones podrían concentrarse en 18 dependencias federales, lo que representaría un retorno al centralismo, explicó el catedrático de la Facultad de Ciencias de la Información (FCI) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), maestro Alejandro García Alvarado.
El especialista universitario recordó que, en el año 2000, un grupo de intelectuales denominado Grupo Oaxaca, presionó para que el presidente Vicente Fox promoviera la primera Ley de Transparencia en México, lo cual dio origen al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) organismo autónomo hoy desaparecido.
Sin embargo, los más de 20 años de ejercicio de este derecho en el país, apuntan a situaciones interesantes al respecto, a decir del maestro García Alvarado, quien apunta que se debe reconocer que es un derecho establecido en el Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y es de donde se deberá partir, para establecer todas las vertientes y los principios con que se tiene que manejar la transparencia en México.
El catedrático universitario sostuvo que los ciudadanos e intelectuales que hace más de dos décadas impulsaron el derecho a la información, entre ellos numerosos periodistas, no permanecerán indiferentes ni permitirán que se debiliten los avances logrados, ya que, como lo establece la Constitución, se trata de un derecho progresivo.
Aunque la desaparición del órgano autónomo, como lo fue el INAI, se justificó por su supuesto alto costo para el país, el académico advirtió que será necesario evaluar el funcionamiento de la nueva Ley garante. Señaló que habrá que poner a prueba su eficacia en el acceso a la información, su entrega oportuna, así como en la salvaguarda de los datos personales, aspectos esenciales para la seguridad de la ciudadanía.
Agregó que diversas disciplinas profesionales estarán implicadas en la implementación de la nueva legislación, entre ellas Derecho, Gestión de la Información, Archivística, Periodismo y Ciencias de la Comunicación, cuyos especialistas seguirán de cerca el proceso para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Finalmente, recomendó a las autoridades estatales no anticiparse en la eliminación de los organismos autónomos de transparencia, ya que será hasta que la nueva ley sea aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación cuando se defina el marco de actuación que cada entidad deberá seguir para ajustar su legislación local.
