La elección directa de jueces, juezas y magistrados podría abrir una peligrosa puerta al crimen organizado, alertó Yair Mendoza, experto de la organización México Evalúa. Según el especialista, lejos de fortalecer la democracia, esta medida podría agravar los riesgos de captura institucional en zonas donde ya hay una fuerte presencia de grupos delictivos.
En entrevista con Exprés, Mendoza explicó que, así como en elecciones pasadas los grupos criminales buscaban colocar a presidentes municipales para asegurar su control territorial, ahora podrían intentar influir en el Poder Judicial para favorecer sus intereses.
México Evalúa ha identificado zonas específicas de riesgo, como municipios en disputa entre grupos criminales, regiones con alta violencia político-electoral y entidades con fuerte presencia del crimen organizado.
¿Por qué el crimen organizado estaría interesado en capturar jueces y magistrados?
Ya ha demostrado interés en controlar espacios clave del Estado. Antes buscaban colocar alcaldes; ahora, con esta reforma, podrían querer influir en jueces que resuelven sus casos, para garantizar impunidad.
¿Cómo se daría esa intervención en el proceso electoral judicial?
Al estar en las urnas, los jueces quedarían expuestos. El crimen organizado podría actuar como intermediario entre ciudadanía y juzgadores, ejerciendo presión o aportando recursos.
¿Qué impacto tendría eso en el acceso a la justicia?
Sería devastador. La justicia ya es limitada y desigual; con esta reforma mal diseñada, podría quedar capturada por intereses criminales o económicos, afectando especialmente a los más vulnerables.
¿Tienen identificadas zonas de mayor riesgo?
Sí. Usamos un modelo que mide riesgo territorial con base en cuatro factores: municipios en disputa, ataques de violencia electoral, cantidad de cargos en juego y presencia de grupos criminales.
¿Entonces esta reforma podría ser contraproducente?
Sí. Sin blindaje institucional, lejos de democratizar, se convertiría en una nueva vía para el control criminal.
