La reciente designación de seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá podría traer una nueva ola de violencia y un incremento en otros delitos en los estados donde operan estos grupos criminales, entre ellos San Luis Potosí, dijo el subdirector de Integralia, Carlos Rubio.
Todo dependerá de la estrategia de seguridad que implemente el gobierno de Claudia Sheinbaum, señaló, y agregó que no cree que el gobierno de México se sume a los EUA y Canadá y designe como terroristas a los cárteles.
En San Luis Potosí, operan predominantemente tres de los seis cárteles señalados como terroristas: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. Además, hay presencia de La Familia Michoacana en algunas zonas, de acuerdo con informes de autoridades estatales y federales.
IMPACTO EN MÉXICO
El endurecimiento de las medidas por parte de Estados Unidos podría generar un impacto directo en la seguridad de México. Así lo señaló Carlos Rubio, subdirector de la consultoría en asuntos públicos Integralia, en entrevista para Exprés, quien advirtió que la declaratoria “amplía las facultades de las agencias de seguridad y procuración de justicia, sobre todo las estadounidenses, para investigar y monitorear las actividades de estos grupos criminales”. Además, el Departamento del Tesoro de EE.UU. podrá imponer sanciones económicas y congelar activos financieros de empresas e instituciones que los financien.
“Pueden ser desde transacciones monetarias o activos físicos, pero tiene que haber una intención o conocimiento de que están apoyando a las organizaciones delictivas”, explicó Rubio.
El experto aseguró que es poco probable que la nueva administración federal en México se sume a esta declaratoria, pues no existe un mecanismo legal específico para hacerlo en el país. Sin embargo, advirtió que, si el gobierno de Sheinbaum quiere demostrar cooperación con Estados Unidos, podría activar sus propios mecanismos de combate al lavado de dinero y financiamiento ilícito.
“El gobierno mexicano está manejando de forma adecuada la situación, está siendo empático en querer cooperar y demostrar que tiene la intención de combatir a las organizaciones”, afirmó Rubio.
PRESIÓN DE ESTADOS UNIDOS
La presión de Estados Unidos no solo se reflejaría en la vigilancia sobre grupos criminales, sino también en posibles expedientes en contra de funcionarios de alto nivel en México. Según Rubio, Washington podría utilizar estas investigaciones como una estrategia de presión para lograr cooperación en temas de seguridad.
En cuanto a la posibilidad de una intervención militar estadounidense en México, Rubio consideró que es poco probable que haya operativos a gran escala sin el consentimiento del gobierno mexicano. Sin embargo, advirtió que podrían aumentar las operaciones encubiertas, como ataques con drones o acciones clandestinas contra líderes del crimen organizado.
“De ocurrir, tendría un gran impacto mediático y podría tensar las relaciones diplomáticas, congelando la cooperación entre las agencias de seguridad y afectando la imagen internacional de México”, explicó.
La designación de los cárteles como terroristas podría marcar un punto de inflexión en la estrategia de combate al crimen organizado en México, con repercusiones directas en la seguridad y la estabilidad de estados como San Luis Potosí. La respuesta del gobierno mexicano será clave para definir el rumbo de esta nueva fase de la lucha contra el narcotráfico.
