El pago de las pensiones de los trabajadores que colaboraron en su vida laboral en la burocracia estatal, en el sector maestros y en el de telesecundarias le costará a las arcas estatales una cantidad de poco más de 2 mil 480 millones de pesos en este año. Las aportaciones hechas entre cuotas de retiro y las patronales no son suficientes para cubrir las cantidades que deben recibir cada uno de ellos a finales de mes.
Los ingresos para hacerlo son deficitarios.
Una proyección generada por la Dirección de Pensiones del Estado refleja el colapso técnico que tiene el sistema estatal para hacer frente al pago de la vida de retiro.
La más costosa, la nómina del sector burocracia, cuyo fondo está colapsado, en este año requiere de 2 mil 220.6 millones de pesos. Las aportaciones patronales y cuotas, sin embargo, estiman que alcanzarán apenas los 791.8 MDP. Con ello, desde las arcas estatales, en dinero líquido, deberán destinarse mil 428.8 MDP.
Es el sector en el que el déficit es más pronunciado.
El caso crítico corresponde a los maestros de telesecundaria, cuyo fondo extinguido requiere que este año se destinen 840.6 millones de pesos, contra los 175 MDP que se obtienen entre aportaciones de trabajadores y las patronales.
La nómina total en 2025 demanda un total de mil 015.6 millones de pesos.
En tanto, más balanceada, la nómina de pensionados de maestros estatales cuesta 707.4 millones de pesos. Para su pago, el ingreso conjunto asciende a 487.5 MDP.
Aún así, las arcas estatales deben erogar otros 219.9 millones de pesos.
El informe de la DGP especifica que, con la reforma hecha el año pasado a la Ley de Pensiones del Estado, para dotar de orden a los pagos, el artículo 28 fijó que, si las aportaciones contenidas en los respectivos fondos no fueran suficientes, el déficit será cubierto por cada una de las instituciones de la administración pública gubernamental, con cargo a lo que reciben en recursos asignados desde el presupuesto estatal de cada ejercicio anual.
La legislación actual prevé, en el artículo 23 reformado, que las cantidades aportadas por las instituciones de la administración deben ser suficientes para garantizar que continuará la prestación de otorgamiento de créditos hipotecarios a los trabajadores en activo.
El próximo 30 de enero se cumplirá un año desde la detención de un grupo de siete personas que, con operaciones de triangulación de recursos, desfalcaron a la Dirección de Pensiones del Estado.
