El proyecto de sentencia que revisará la Suprema Corte cuestiona la viabilidad del sistema de elección por voto popular de jueces y magistrados a nivel federal y local, argumentando que este mecanismo no proporciona “las condiciones mínimas de seguridad jurídica necesarias en un sistema democrático”.
La reforma judicial, en su forma actual, establece la elección de 1,600 jueces federales y 5,000 jueces estatales mediante voto directo. Sin embargo, el proyecto de sentencia propone invalidar estas elecciones.
El documento expone varias razones para esta posible invalidez:
• “No existe certeza para los candidatos en cuanto a las condiciones de equidad para el uso de espacios públicos ni sobre el tipo de promesas de campaña que podrán hacer.”
• “No existe certeza para la ciudadanía en cuanto a los perfiles de los candidatos que serán presentados en una lista masiva y en un sistema que tampoco garantiza un voto informado.”
• “En última instancia, no existe certeza sobre los perfiles de las personas juzgadoras que, en el futuro, impartirán justicia.”
El proyecto sugiere que el sistema de elección popular, tal como está planteado, no ofrece las garantías necesarias para asegurar una justicia imparcial y confiable, lo que afecta tanto a los candidatos como a la ciudadanía en su conjunto.
